Suelo explicar el
pacto constitucional de 1978 como la renuncia de unos y otros a cuestiones
importantes, e incluso claves, de los tres grandes grupos políticos que
finalmente lo suscribieron. Para alcanzarlo, y una vez claro que todos
defendían un modelo democrático de corte europeo, la izquierda debió aceptar la
libertad de empresa, la propiedad privada, el derecho a la herencia y la
monarquía. Por su parte, la derecha debió aceptar el derecho a huelga, la
libertad sindical, la negociación colectiva y la financiación mediante una política fiscal progresiva, con impuestos directos incluidos, de un Estado de Bienestar, casi embrionario en los años 70.
Pero ese pacto,
gravemente incumplido por la derecha y por la izquierda al PSOE, unos tratando
por la vía de los hechos alterar el espíritu del pacto, otros rechazándolos
como si con ellos no fuera la cosa, ha saltado por los aires de forma
intencionada y controlada por una derecha neoliberal que consiguió para hacerlo
una mayoría absolutísima en 2011.
La eliminación de
la ultraactividad de los Convenios Colectivos, un hecho en que la mayoría de
los y las ciudadanos no han reparado ni dado la suficiente importancia, ha
destruido realmente la negociación colectiva, al convertirla en el paraguas tan
solo de pequeños colectivos de trabajadores.
El
encarcelamiento de ciudadanos por participar en piquetes informativos, ha sido
la contribución combinada de la fiscalía y la derecha judicial a dicha dinamitación
que en la práctica reduce fuertemente el derecho a huelga.
Por su parte, la
libertad sindical está siendo socavada fuertemente por la derecha mediática y
política, aprovechando los escándalos en los que se han visto involucradas
algunas organizaciones sindicales de clase.
Y en relación al
Estado del Bienestar, la política de ajuste y la bajada de impuesto ha sido la llave maestra para
derribar sin pudor el Estado de Bienestar, aderezada con la Reforma Local , la modificación
del Código Penal, las multas administrativas, etc.
Por ello, de
aquel pacto constitucional sólo va quedando lo defendido por la derecha
social-política en 1978: la propiedad privada, la libertad de empresa, la
herencia, la monarquía y el Concordato.
De ahí mi
convicción de que el PSOE debe sentirse emocionalmente liberado de cualquier
compromiso adquirido, y debe volver a poner sobre la mesa sus demandas históricas, tanto
las incluidas en nuestra Constitución como aquellas que quedaron fuera por mor
del pacto.
Soy consciente
que esto es muy complicado, no sólo intelectual sino también emocionalmente, para la dirigencia socialista que pilotó la transición. Sobre todo para
compañeros como Felipe González, que demuestra conocer menos la sociedad española de hoy, de lo que demostró conocerla el compañero Rodolfo Llopis en 1970, durante el Congreso de Toulouse.
Por eso es
necesaria una intensa regeneración en todos los niveles del Partido, además de
un debate sosegado, pero sin líneas rojas, sobre cual debe ser nuestro
posicionamiento. Y por supuesto no sobre la base exclusiva de referéndum sobre
la monarquía.
Como ya he dicho
con anterioridad, la
República se inserta en el orden de lo moral, no de lo
material: el principio de no ser gobernados por nadie a quien no hayamos tenido
la oportunidad de elegir. Si renunciar a dicho principio moral fue útil alguna
vez en el plano material (consolidar la democracia, asegurar derechos básicos,
el Estado del Bienestar, etc.) hoy se ha convertido en parte de la estrategia
para los que quieren arrebatarle a la sociedad todo lo conseguido.
Hay que ir hacia
una reforma constitucional profunda, donde la monarquía será sin duda una de
las cuestiones más emocionales en el plano moral, pero menos importantes en el
plano material.
Lo que en
definitiva algunos llaman un proceso constituyente, porque la sociedad española
es tan fanática de los nombres como alérgica con las responsabilidades propias,
que debe incluir, según mi opinión, la regla
de diamante, defendida por la catedrática de derecho constitucional Rosario
Valpuesta (que entre otras cosas supone que las conquistas que en el ámbito de
los derechos sociales se han alcanzado no pueden ser derogadas o reformadas en
términos que impliquen un retroceso, hasta el punto de que una ley que elimine,
recorte o limite derechos sociales pueda ser declarada inconstitucional), la
opción de la república presidencialista en contra de la tradición española de
una república parlamentaria (esto es, si la elección del presidente es directa
por parte del pueblo, o por las Cortes por delegación), la necesidad de dos cámaras,
una el Congreso de los y las Diputadas y la otra un Consejo Económico y Social
con competencias legislativas, la completa federalización de la Nación , la inclusión de
cláusulas de incorporación o secesión a la federación española y la elección
popular del Consejo General del Poder Judicial, entre otras muchas cuestiones.
Soy consciente que en el arrebato místico que sufren capas importantes de nuestra sociedad, cualquier llamada a la sensatez, la reflexión y la cordura está llamada a fracasar. Aún así, creo como Besteiro que socialismo es inteligencia, no misticismo, y por ello no renuncio a predicar, aunque sea en el desierto.
Soy consciente que en el arrebato místico que sufren capas importantes de nuestra sociedad, cualquier llamada a la sensatez, la reflexión y la cordura está llamada a fracasar. Aún así, creo como Besteiro que socialismo es inteligencia, no misticismo, y por ello no renuncio a predicar, aunque sea en el desierto.
Muy bueno la verdad.....
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