En
mayo de este año 2019, Diario de Sevilla, publicaba una noticia con el
siguiente titular: “Sevilla es la tercera
ciudad española con mayor potencia en iluminación”[1] En este artículo se señalaba
que “la capital andaluza sigue
presentando déficits importantes en el ahorro energético. Así lo
demuestra el ranking de la contaminación lumínica en España, publicado por
el repositorio científico europeo Zenodo”. Asimismo, el autor
del artículo señalaba:
A ello ha de sumarse
la bajada de la potencia, asignatura pendiente en Sevilla. "Estos dos
factores cuando se cambian, por regla general, crean una sensación de
inseguridad en lugares que antes han estado demasiado iluminados, de ahí que
los gobiernos locales sean reacios a modificarlos", añade el investigador,
quien abunda en que "para andar por las calles sólo hace falta que esté
alumbrado el suelo".
A
finales de este mismo año, el diario digital publico.es, publica un artículo en
el que afirma que “el gasto por habitante
se sitúa en 114 kilovatios por año, casi el triple que Alemania (48-43) y muy
por encima de Francia (90-77), según datos facilitados por el profesor Juan
Manuel Blanco en una ponencia dictada en los cursos de verano de
la Universidad de la Rioja en 2018”[2].
Es
decir, que las ciudades españolas en general, y Sevilla entre las capitales en
particular, están excesivamente iluminadas, con el consiguiente gasto
económico, que además provoca una enorme huella de carbono así como
contaminación lumínica.
Una
de las soluciones sería reducir el número de farolas que iluminan nuestras
calles, un tercio aproximadamente para parecernos a Alemania.
Pero,
como recogía Diario de Sevilla, sin duda se produciría una sensación de
inseguridad, que provocaría un levantamiento
popular contra dicha reducción, a la que se le acusaría todos y cada unos de
los delitos y accidentes que se produjeran en la ciudad.
Por
ello, los políticos, gobernantes de lo público en nombre del pueblo, hacen por
lo tanto bien en no tomar medidas para reducir el número de farolas.
Posiblemente,
en poco tiempo, la opinión pública irá cambiando de opinión, y creo
sinceramente que dentro de no muchos años, el rechazo a la reducción de farolas
se transformará en exigencia de reducir su número para emitir menos carbono y
producir menos contaminación lumínica.
Y
el discurso social también es previsible: se acusará a los gobernantes de no
haber reducido las farolas por sus relaciones con las compañías eléctricas,
sacarán de nuevo a Felipe González de su “armario” de la historia, y se
mostrarán indignados: todos son iguales.
Por
eso, dado que hagan lo que hagan (tanto lo que quieran los ciudadanos o contra
la opinión de los ciudadanos) los gobernantes serán acusados de desalmados y
corruptos, ¿por qué no animamos a que nuestro ayuntamiento reduzca un tercio
las farolas públicas de la ciudad?.
Por
lo menos, ayudaremos a paliar al cambio climático, que no al cambio de la
mentalidad popular. Que está visto que es imposible.
