Si fuera una persona confiada, ahora estará en estado de shock tras leer en los últimos cinco días las sospechas, más que fundadas, de que la dirigencia nacional del Partido Popular habría estado cobrando en los últimos veinte años sobresueldos en negro de origen ilegal.
Pero como no lo soy, como no me considero una persona confiada (por más que mi maestro Séneca recomendara que es preferible ser engañado a desconfiar), la noticia ha venido a confirmar lo que sospechaba desde hace tiempo: que la podredumbre moral del franquismo ha permanecido intacta en sus herederos intelectuales, políticos y sociales.
Aunque aún puedan no percibirse, las diferencias entre los casos de corrupción política y económica de los que hemos tenido noticias desde 1975 y la sombra del Caso Bárcenas, son enormes, abismales, cósmicas. Hasta el día de hoy, los casos de corrupción conocidos eran de dos tipos: aquellos organizados por una trama de políticos y conseguidotes para alcanzar beneficios ilícitos, y aquellas organizadas desde las dirigencias económicas de Partidos Políticos para financiar ilegalmente a sus organizaciones y que terminaban llenando los bolsillos de algunos. Ambos tipo de tramas son igualmente repugnantes, pero generalmente se circunscribían a grupos más o menos pequeños de individuos que utilizaban sus contactos y responsabilidades para corromper y corromperse.
Pero el Caso Bárcenas nos sugiere algo completamente desconocido en España, aunque muy conocido en otras latitudes y países de la Unión Europea. De ser ciertas las denuncias de EL MUNDO, y las declaraciones de algunos miembros de las antiguas dirigencias del Partido Popular, se trataría de todo un sistema montado entorno a un partido político, en el que el conjunto de las direcciones políticas a lo largo de décadas habrían conocido, participado y lucrado con unos ingresos de procedencia ilícita que haría necesaria la complicidad de todos ellos para mantenerlo.
Si los responsables menores de las Comisiones Ejecutivas Nacionales del PP desde Manuel Fraga hasta Mariano Rajoy, pasando por Antonio Hernández-Mancha y José María Aznar, habrían recibido sobres con dinero negro por varios miles de euros mensuales durante años; si el administrador de esos fondos monetarios de procedencia ilícita ha acumulado decenas de millones de euros; si el Partido Popular habría conseguido mantener oculto durante décadas tal sistema; di aceptamos que cualquier tipo de comisión de este tipo no sobrepasa el 3%, el 5% todo lo más, podemos deducir que los ingresos ilícitos que habrían nutrido dichos fondos no habrían bajado de centenares de millones de euros desde los años 80 (posiblemente más cerca de los mil millones de euros que de los 500 millones de euros) a partir de un negocio de entre 10.000 y 20.000 millones de euros. ¡Una cantidad colosal de la economía nacional!
Pero no es sólo la enorme cuantía que podríamos deducir habría manejado la trama nacional del PP, sino que además debía ser de público conocimiento entre la directiva que cobraba dichos sobres, desde su presidente (Fraga, Hernández-Mancha, Aznar, Rajoy) hasta el más discreto de los secretarios ejecutivos. Es decir, que a tenor de las denuncias públicas conocidas la dirección nacional del PP sería el Consejo de Administración de un ente mafioso llamado Partido Popular.
Para la estabilidad de un reparto de beneficios de tal envergadura por parte del hipotético PPSAM, (Partido Popular, Sociedad Anónima Mafiosa) tendría que haber un plan de ingresos que involucraría al conjunto de la organización, desde el municipio más pequeño a la Administración del Estado: comisiones en concursos públicos, por recalificaciones, en créditos a la exportación, venta de armamentos, donaciones nacionales e internacionales, etc.
Es decir, una maquinaria perfectamente engrasada que requeriría el concurso de una ingente cantidad de altos responsables, dirigentes intermedios, funcionarios públicos, altos dirigentes empresariales, alcaldes, concejales, etc. realmente escandalosa. Un sistema tal no puede nacer de la nada, sino que tendría que utilizar los elementos propios de la corrupción franquista, que tras los el sesteo de los primeros años de la Transición, se activaría para servir a la nueva derecha española. A la luz de estos hechos, el famoso Caso Naseiro, desactivado por tecnicismos legales, adquiriría una nueva dimensión.
Un medio de la derecha, EL MUNDO, nos informa que la dirección nacional del PP cobraba sobresueldos con dinero presumiblemente de origen ilícito. ¿Alguien en su sano juicio piensa que las Ejecutivas regionales y provinciales no habrían replicado tal modelo, persistente en el tiempo, a su escala y recursos? De ser así, el monto total sumaría varios miles de millones de euros, posiblemente para alcanzar una cifra cercana al billón de pesetas.
De ser ciertas mis sospechas, sí habría llegado la hora de la refundación de España.
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