La praxis neoliberal, que aceptó el PSOE desde los años ochenta, propugnaba un nuevo contrato social. Por una parte, Estado y sociedad debían limitar el endeudamiento público, eliminar el incremento salarial por encima de la inflación para mantener la competitividad, y crear marcos regulatorios laxos y órganos de control independientes del poder político estatal. A cambio, los mercados asegurarían lo que se llamaba el “círculo virtuoso”: baja inflación, alto crecimiento económico, creación de empleo. Lo que todo ello nos llevaría al bienestar generalizado para nuestras sociedades.
En España, el Estado, gobernado por el PSOE, y su sociedad, mediatizada por sus organizaciones sociales y sindicales, cumplió su parte del contrato. A lo largo de dos décadas, el Estado redujo su deuda pública a los niveles más bajos de la Unión Europea, los salarios apenas ganaron unas décimas de capacidad de compra, y se relajó el marco regulatorio a la vez que entidades como el Banco de España, alcanzaron un nivel de independencia del poder estatal suficiente para las teorías liberales.
En cambio, los mercados y sus representantes políticos, el PP, incumplieron manifiestamente su parte del contrato. Ni los entes regulatorios independientes del poder estatal, como el Banco de España, cumplieron el mandato de “controlar” a las fuerzas del mercado incluido el Estado, ni los mercados asignaron racionalmente los recursos, inflando la burbuja inmobiliaria, ni los gobierno pro-neoliberales en las Comunidades Autónomas redujeron su deuda, bien al contrario la aumentaron exponencialmente, al punto de ser en la actualidad las administraciones públicas gobernadas por los socialistas de 1996 a 2011 las que mantienen las tasas de endeudamiento más bajas (como Andalucía y Sevilla) y las gobernadas por el PP las más altas (Valencia, Comunidad de Madrid, ciudad de Madrid, etc.), además de utilizar sus cajas de ahorros para inflar la burbuja inmobiliaria (no en balde las cajas peor gestionadas han resultado las dependiente de Comunidades gobernadas desde los 90 por el PP y las de la Iglesia Católica).
El contrato social pergeñado por el neoliberalismo se ha traducido en un fraude total. Aunque ahora intentar culpabilizar a quien lo cumplió, como el Estado. Porque en la teoría neoliberal, la burbuja inmobiliaria debía haber sido controlada por los entes regulatorios independientes (en España, el banco central) y los mercados, que se suponen asignan de forma eficiente los recursos. Pero se argumenta ahora que debería ser el Estado (fiel cumplidor de su parte del pacto) el que debía haber controlado a los mercados y al Banco de España, para lo cual carecía de competencia debido a su independencia promovida por el propio neoliberalismo, y limitado un Estado de Bienestar que dictaminan insostenible.
El fracaso del comunismo soviético fue su incapacidad para cumplir su “contrato social” de ofrecer niveles de bienestar (empleo, salud, educación, servicios sociales, etc.) suficiente a las poblaciones de los territorios en los que operaba, cosa que sí hacía el capitalismo democrático con el “contrato social” del estado del bienestar, allí donde gobernaba.
Veinte años después, desde las filas del neoliberalismo nos afirman que el estado del bienestar del capitalismo democrático es inviable por insostenible, lo que al igual que el comunismo soviético determina su fracaso. Es decir, ni el comunismo soviético ni el capitalismo democrático es capaz de ofrecer niveles de bienestar suficiente a sus poblaciones. Pero al contrario que en el caso del comunismo soviético, el neoliberalismo nos prescribe resignación.
No. Ante dos modelos fracasados hay que propugnar un modelo alternativo de contrato social que pueda asegurar dichos niveles suficientes de bienestar a sus poblaciones.
Y por ello, podría haber llegado la hora del socialismo democrático autogestionario.
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