Pero… ¿ha habido alguna vez 445.568 políticos?

Los primeros comentarios de que en España había 440.000 políticos me llegaron vía twitter y Factbook, y a pesar de preguntarlo, ninguno de los que compartieron o retwuitearon la “noticia” me concretó a que se referían. Así que me puse a buscar la fuente, costumbre de la que ya he hablado en algún post, y localicé lo que aparentemente es el origen de la “información”: un artículo “diarioelaguijón.com” titulado “Un estudio desvela que España es el país con más políticos por habitante de Europa”, firmado por Javier Fonseca y basados en un supuesto estudio realizado por asesores de la presidencia del gobierno de la Nación.

Esa cifra me sonaba a las 11.000 vírgenes de nuestras historias medievales, y que llevaron a Jardiel Poncela a escribir su famosa comedia “Pero… ¿ha habido alguna vez 11.000 vírgenes?”

Miguel Izu ha publicado un artículo de opinión en noticiasdenavarra.como titulado “¿445.568?” en el que analiza los datos ofrecidos y concluye de forme razonable con la idiotez de la información, por lo que no me voy a detener en detallar los errores de sumas, la arbitrariedad de calificar de políticos a las trabajadoras de la limpieza, o sumar 6.000 políticos de Cámaras de Comercio que sólo tienen 3.000 trabajadores.

Me resulta muy irritante que personas a las que aprecio en lo personal y respeto en lo intelectual den pábulo a este tipo de noticias sin sentir la menor necesidad de, al menos,  analizar críticamente la información. Soy consciente de que en una conversación informal no es necesario ajustarse a datos demostrables, basta con un trazo grueso para mostrar nuestra posición.

Posiblemente para muchas personas, facebook o twitter son espacios coloquiales en los que proyectan la misma posición que en una conversación informal. Pero no lo son. Las redes sociales, junto a sus muchos valores positivos, son también el vehículo que utilizan los manipuladores para trasladar sus intrigas. Porque no es inocente que se ponga en circulación imágenes del Parlamento belga haciéndolo pasar por el Parlamento Europeo, afirmar que el Senado cuesta 3.000 millones de euros cuando su presupuesto es de apenas 60 millones de euros, o que para alcanzar 445.000 políticos en España se incluyan becarios de empresas públicas o sumar varias veces a una misma persona como concejal, diputado provincial y miembro de una mancomunidad.

En los años de la exhuberancia, me acordaba muchas veces de la cita que se recuerda de los locos años veinte norteamericanos cuando decían que los yankis no usaban paraguas porque pensaban vivir eternamente bajo un cielo radiante, y que terminó en la trágica crisis del 29. Comprendo que esa absurda ilusión que observaba en muchas de las personas de mi entorno de que el valor de las propiedades inmobiliarias nunca dejaría de subir y permitiría eternamente la refinanciación de deudas algunas de ellas absurdas, se haya sustituido por la necesidad de buscar un culpable de sus actuales males. Y en estos momentos hay un interés espurio por parte de los mismos que crearon las condiciones para el actual desastre, para que colectivamente fijemos la diana de nuestra inquina en aquellos que son, a pesar de todo, parte de la solución.

Sería estúpido por mi parte no compartir que la corrupción ha alcanzado niveles intolerables en las instituciones públicas y entre la dirigencia política de muchos municipios, Comunidades Autonómicas y estatales. Pero sería igual de estúpido no denunciar que los demócratas, los defensores de lo público, los luchadores contra la injusticia del sistema capitalista no podemos utilizar cualquier argumento que nos llega por cualquier vía. La política y los políticos son parte de lo público, la política y los políticos son una parte esencial de la democracia, y sin política y políticos es imposible luchar contra las injusticias de los sistemas. Porque con la política y los políticos no es suficiente para crear un mundo más justo, pero sin política y los políticos seguro que vamos a un mundo mucho peor que el que conocemos. 

Terrorífico… ¿o terrorista?

Hoy se ha publicado una noticia trascendental con las palabras de la diputada canaria, Ana Oramas, la cual ha afirmado que Cristóbal Montoro, actual ministro de Economía, ante la petición del anterior presidente del gobierno de la Nación, José Luis Rodríguez Zapatero, de apoyo para evitar la intervención en 2010, le dijo: “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”.
 
Esta revelación, que sobre todo es una confirmación de lo que muchos pensábamos, adquiere mayor relevancia al pronunciarse en el púlpito de la Soberanía Nacional (ese mismo del que rehúye el actual presidente de la Nación Española, Mariano Rajoy) la confirmación gestual del diputado catalán de CiU, Josep Sánche Llibre, y el silencio culpable de los y las diputadas del Partido Popular.
  
Esta actitud no es nueva. Baste con recordar las palabras de Ansón, cuando admitió que durante los últimos años de los gobiernos de Felipe González, pusieron en peligro la estabilidad del Estado con tal de desalojar al dirigente socialista de la presidencia. Pero no por usada y sospechada, me parece menos repugnante.
  
Los corifeos del patriotismo musical y textil, el partido al que se le llena la boca con la palabra España, es la misma derecha mezquita, resentida y miserable de siempre, la que fusilaba, robaba y exiliaba. Una neoderecha que sigue viendo la dignidad del pueblo soberano, su integridad y su supervivencia como sacrificables a sus intereses, víctimas colaterales de sus ansias de poder en el mejor de los casos.
  
Cuando el PP decidió provocar la caída del gobierno de Rodríguez Zapatero presionando a Coalición Canaria y a CIU, y con ello arriesgar a la Nación a la intervención, miraba sus intereses más espurios, traicionando la lealtad constitucional al propio pueblo soberano y la confianza de sus votantes. Pero además demostraba la estulticia de la dirigencia del Partido Popular, su enorme soberbia, su ignorancia supina y su desprecio por la democracia y el pueblo.
  
Oponerse a las medidas del presidente del gobierno de la Nación en 2010 podían justificarse honestamente, pero sus miserables palabras, “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, les aleja de cualquier representación legítima en democracia.
  
En estos días vemos como su pretendida capacidad para “levantar” España era tan falsa como su patriotismo. Son un atajo de talibanes, unidos por una enfermiza ansia de poder, agrupados bajo la férula de un resentido emocional como José María Aznar, y dirigidos por los Think Tank neoliberales.
   
Terrorífico…. ¿o terrorismo?

Non tembles, terra

Durante mi infancia se sucedieron varios terremotos en mi Tánger natal, y recuerdo que este tema salía habitualmente en las conversaciones de mis hermanos, recordando la noche que pasamos, siendo yo un bebe, en el coche debido a los temblores, o la bolsa que mi madre tuvo preparada, durante meses, con lo esencial para ocho personas por si había que salir corriendo de nuevo. Otras de mis anécdotas infantiles “sísmicas” son las reiteradas advertencias de mi padre, cuando estábamos en las playas del Bosque Diplomático, de huir tierra adentro si el mar se retiraba por sorpresa, o la expresión que se achacaba a los portugueses tras el terremoto de Lisboa, “non tembles, terra, que non te fago nada”.

Esta “educación” me hizo muy sensible a los riegos sísmicos (aún recuerdo cuando mi madre me explicaba qué era la “escala de Richter”) y con el correr de los años he ido comprendiendo que más que rogar a la tierra que no tiemble, lo que hay que hacer es prevenirse de unos temblores que, antes o después, llegan a todas las comarcas, incluso a aquellas como la Emilia-Romagna italiana que no temblaba desde hacía más de trescientos años.

Esta noticia, y la sospecha de que muchos de los edificios que se han derrumbado en el norte de Italia no cumplían con la normativa de construcción, me llevan a compartir contigo, amable lector o lectora, una convicción que albergo desde hace años: que de producirse un terremoto en la zona costera de Málaga y Granada, históricamente de gran sismicidad, y tras el boom constructivo de los últimos 20 años, el número de edificios dañados y el número de muertos serán altísimos.

Basta con saber que por prevención sísmica se desaconseja construir en laderas, y observar el número infinito de urbanizaciones que trampean por las colinas marítimas del Rincón de la Victoria, Nerja, Almuñecar, etc., zonas muy próximas al último gran terremoto que se produjo en la Andalucía oriental, el de 1884, conocido como el terremoto de Alhama de Granada, que destruyó pueblos enteros como el de Periana y Maro, produciendo no menos de 800 víctimas mortales y la destrucción de más de 4.000 casas y daños en otras 13.000.

Además, la mala construcción de las nuevas viviendas, la más que sospechosa laxitud en el cumplimiento de las normas antisísmicas, me llevan a temer una verdadera tragedia en la zona si, como es de esperar, antes que después, vuelve a temblar.

Me gustaría equivocarme, pero si mi hipótesis es cierta, se producirá una catástrofe de terribles consecuencias. Entonces se alzarán millones de voces aterrorizadas preguntándose como pudo ocurrir. Muchos afirmarán que nunca hubieran imaginado posible que sistemáticamente se violentaran las normas constructivas antisísmicas, clamarán contras las administraciones correspondientes (ayuntamientos y Junta de Andalucía) y volverán a anatematizar a la clase política.

Pero lo cierto y verdad es que hoy muchos lo saben, muchos más lo sospechamos, y la gran mayoría de la población muestra indiferencia al peligro. En el fondo, como los portugueses del siglo XVIII prefieren aquello de “non tembles, terra…”

Del Consenso Democrático a la “Democracia” de la Imposición. Respuesta a Federico Ysart.

En la sección “La Tercera” de la edición de ABC de ayer martes 29 de mayo de 2012, Federico Ysart publicó un interesante artículo titulado “Entre el consenso y el poder de la mayoría” en el que a contracorriente orillaba la cuestión del pacto y proponía directamente el uso de la mayoría parlamentaria para llevar a cabo las “reformas” que necesita España.

Esta tesis contrasta con un estado de opinión que el propio articulista reconoce (“El consenso goza hoy de buena prensa” escribe) pero que cuestiona (“No estamos ante una confrontación ideológica que resolver acercando posiciones ni nos persigue el fantasma de una guerra civil”), y que estaría en la antítesis de lo expresado, por ejemplo, por Gregorio Marañón y José Juan Toharia en el artículo publicado por EL PAIS con el título “De la angustia cívica al pacto político”, del cual expresé mi opinión en el post de este blog, titulado “De Pactos y Lideragos. Respuesta a Marañón y Toharia desde la base socialista”.

En mi respuesta a Marañón y Toharia, escribía que “la actual derecha neoliberal no cree en el pacto, en el acuerdo”, afirmación que se verifica en las palabras de Ysart “La falta de un sistema representativo consolidado hizo inevitable el recurso al consenso, encelar a los representantes de la flamante soberanía popular en la construcción de un futuro sobre bases lo más anchas posibles. […] Pero a diferencia de lo ocurrido hace treinta y cinco años, el país cuenta ahora con un sistema establecido en el que los ciudadanos han dado plenos poderes a un partido para que se haga cargo de la situación.”

En un reduccionismo realmente peligroso, la neoderecha se empeña en calificar de “reformas” lo que en puridad significa la demolición del pacto constitucional de 1978 en materias tan importantes como trabajo y estructura política. Para Federico Ysart, y que creo puede representar dignamente a todo el espectro neoliberal y radical de la ultraderecha española, no es posible ni deseable un pacto porque ya se ha fijado  una hoja de ruta que no admite modificación alguna.

Por ello, la necesidad imperiosa de, por una parte, restar carácter ideológico a sus “reformas” presentándola como cambios necesarios para mejorar la competitividad de la Nación y, por otra, culpabilizar al  adversario  de estar ideologizados en extremo. O como dice Ysart “El riesgo está en la reacción de quienes hacen de la reivindicación identitaria su ser político, aunque finalmente acaten las leyes por imperativo legal”. Estrategia, por otra parte, ensayada por el neoliberalismo español en relación a la Memoria Histórica y su acusación de “guerracivilista” una política que a nivel mundial se conoce como de políticas de verdad y reconciliación.

Para la neoderecha española, la victoria del 20 de noviembre de 2011 es lo que al franquismo el 1 de abril de 1939, y las palabras del felón Mola (ni rendimientos, ni abrazos de Vergara, ni pactos, ni nada que no sea la victoria aplastante y definitiva) pueden describir perfectamente su posición ante un pacto de consenso: no aceptarán nada que no pase por sus “reformas”, es decir, la derogación total del Estatuto de los Trabajadores y su sustitución por el Código Civil, la externalización por privatización de todos los servicios públicos y la reforma de la organización territorial del estado con una fuerte recentralización y eliminación de autonomías y diputaciones, y fusión de municipios.

Por ello, Federico Ysart es consciente de lo indeseable del consenso, y propone un pacto directamente con la sociedad, una especie de nuevo “contrato social” al margen de los representantes políticos: “Quizá el único consenso hoy factible sea el que el Gobierno alcance a establecer con la sociedad, convenciéndola de que sabe cómo salir de esta y de que no vacilará en poner los medios necesarios.”

Esta actitud, que podemos calificar de fascista, no en sentido peyorativo sino ideológico, explica actitudes como la de Mariano Rajoy, presidente del gobierno de la Nación, que, tras meses de silencio, utilizó la sede de su partido para dirigirse a la Nación.

Silencio. Se acabó la función de la democracia. España, su España, ha vuelto.

La crueldad del obispo católico

La indignación intelectual que provocan las palabras de Juan Antonio Reig Pla, obispo católico de Alcalá de Henares, puede hacernos obviar algo mucho más grave: su extrema crueldad.

En su campaña contra la contemporaneidad, el catolicismo más reaccionario ha hecho un “totum revolutum” en la que mezclan sin sentido los avances por la igualdad de gays y lesbianas, las terapias de fecundación, el feminismo y la manipulación de embriones, que en los últimos días ha abanderado el ínclito Reig. Pero no debemos entrar en el juego del catolicismo radical. Y por ello hay que destacar lo inhumano, cruel y bárbaro de la posición de Juan Antonio Reig en torno a las terapias de reasignación sexual.

Las personas diagnosticadas de disforia de género, esto es, cuyo sexo “sentido” no coincide con su sexo biológico, no están enfermas en el sentido tradicional de la palabra. Pero su “diferencia” puede causar graves trastornos que sí generan enfermedades que producen un gran sufrimiento y generan un coste importante para los sistemas de salud.

La medicina, la ciencia, sólo ha sido capaz de dar respuesta al sufrimiento de las personas transexuales mediante las terapias que fomentan y favorecen que estas personas puedan vivir socialmente con el sexo sentido y no con el sexo biológico. Y dentro de ellas, no en todos los casos, también la reasignación sexual.

Por eso, el discurso de Reig Pla es tan cruel e inhumano, ya que por ideología niega, a unas personas que sufren, la única terapia que la ciencia médica puede ofrecer. Es tan cruel como la mutilación genital femenina que ciertos elementos del Islam defienden, o la negativa a las transfusiones de sangre que niegan los Testigos de Jehova.

Cualquier persona emocionalmente sana, empática, cualquier persona no radicalizada por su ideología totalitaria, se daría cuenta que negar un tratamiento estrictamente médico a una persona que lo necesita es de una inhumanidad terrible. Pero además, alguien que se presenta al mundo como abanderado de una religión compasiva basada en el amor, es una aberración emocional e intelectual absolutamente escandalosa.

El señor Reig Pla, no sólo es un radical católico ensoberbecido por su dogmatismo, no sólo es un loco peligroso que contagia su inmoralidad y crueldad a sus seguidores, sino que además es el responsable moral de causar un sufrimiento insoportable a decenas de miles de personas de nuestro país, así como facilitar argumentos que está sembrando de odio y violencia a decenas de miles de sus seguidores, los cuales pueden terminar cometiendo crímenes terribles.

Defiendo la Función Pública porque defiendo el Estado del Bienestar

Tras la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2014 aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía, quiero sintetizar en este post varias ideas que he ido dejando en otros de este mismo blog.

Primero, es lo indisoluble del binomio Estado de Bienestar/Función Pública. En un Estado podrá haber Función Pública, y de hecho es lo que ha ocurrido en España desde tiempo de los Reyes Católicos hasta la dictadura franquista, sin que exista Estado de Bienestar. Lo que nunca ha existido y mi convicción es que es imposible, un Estado de Bienestar sin Función Pública. Por ello, aquellos que piensen que destruyendo la Función Pública mejoraremos la eficiencia del Estado del Bienestar es, cuanto menos, un iluso.

Segundo, que los neoliberales han hecho de la destrucción del triángulo de acero (denominación acuñada por Milton Friedman) su objetivo. Por eso, tienen que destruir la Función Pública en su conjunto, lo que incluye desde el más bajo escalafón hasta la más alta burocracia.

Tercero, que una de las estrategias para su destrucción es romper el vínculo de solidaridad entre los y las trabajadoras de sector público en su globalidad, y las y los trabajadores del sector privado. Y dentro del sector público, enfrentando a funcionarios con laborales. Y dentro de los funcionarios, a los distintos cuerpos de la Administración. Así, el neoliberalismo, sus políticos y sus medios de comunicación, venden la idea del trabajador público, funcionario o no, como un privilegiado; a la vez que venden la idea del trabajador público no funcionario como un enchufado.

Cuarto, que es inaceptable que una tras otra, la solución de los ajustes pase por degradar las condiciones laborales del personal público, tanto salariales como de horarios: ningún ciudadano de este país podemos consentir que se produzca esta degradación.

Quinto, que los trabajadores de la Función Pública, funcionarios, interinos, laborales, etc. no deben caer en la trampa de buscar culpables entre ellos, ni sentirse acosados por el resto de la ciudadanía, sino buscar complicidades con unos y con otros.

Sexto, que toda la Función Pública, cualquiera que sea la Administración, el vínculo de su relación y su ubicación, tienen mis más sincero reconocimiento, apoyo y solidaridad.

Trabajando me defiendes. Defendiéndote me defiendo. Gracias.

De Pactos y Liderazgos. Respuesta a Marañón y Toharia desde la base socialista.

En la edición dominical de EL PAIS del 13 de mayo de 2012, Gregorio Marañón, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, publican un artículo de opinión titulado “De la angustia cívica al pacto político”, en el cual, tras dejar constancia de lo crítico de la situación actual, apelan al necesario pacto entre los líderes del PP y el PSOE, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, bajo la admonición que de no hacerlo “es muy posible que tengamos que asistir al desmoronamiento de la España de libertad, bienestar económico, convivencia entre sus distintos territorios y prestigio internacional que con tanto esfuerzo hemos edificado a lo largo del último medio siglo”.

Los argumentos que, a modo de urdimbre, sostienen la imperativa demanda de consenso entre PSOE y PP recogidos en el artículo, se van observando aquí y allá en los últimos días, generalmente provenientes de las élites políticas e intelectuales que protagonizaron la Transición, entendida ésta, en línea con lo propuesto por José Luis Abellán, el periodo que va desde 1956 hasta la aprobación de la Constitución Española, en 1978.

Curiosamente, en círculos del socialismo español previos a las elecciones del 20 de noviembre de 2011, ya se aventuraba que, de gobernar el PP, antes de dos años propondría un gobierno de unidad nacional. Y mi respuesta en aquellos días, en septiembre de 2011, fue que nuestro Partido, una vez más, ejercitaría su estúpido sentido de responsabilidad y aceptaría el envite.

Y entiéndaseme bien: por estúpido no señalo que tal acto de responsabilidad fuese indeseable o evitable, sino que de nuevo el vértigo de la historia impondría la opción más negativa para el socialismo español y los y las trabajadoras de nuestro país. Ese mismo vértigo que llevó el fatídico 12 de mayo de 2010 a José Luis Rodríguez Zapatero a no disolver las Cortes Generales y a aplicar un programa impuesto que rompía con el vínculo emocional entre la dirigencia del proyecto socialista y sus bases y electorado.

Educado en las virtudes del consenso, aquel “pecado consensual” sobre el que escribió Márquez Reviriego, y aleccionado por las postreras palabras de Manuel Azaña (paz, piedad, perdón), siempre he defendido la apuesta por el acuerdo en detrimento de opciones aparentemente más radicales que en realidad nos llevan directamente al pasado.

Pero para fabricar el consenso es necesario querer y poder. ¿Se dan las condiciones actualmente para un consenso equilibrado entre el PP, en representación de la derecha sociológica, y el PSOE, en representación de una parte de la izquierda sociológica? En mi opinión, rotundamente no.

Los protagonistas de la Transición que plantean la necesidad del pacto, del acuerdo, no parece comprender, en mi opinión, que la derecha española amamantada por José María Aznar, a través de su FAES, en nada se parece a aquella del tardofranquismo que protagonizó la reforma al franquismo. Y no solamente porque entonces la derecha española se sentía débil y asediada, con mucho que perder y poco que ganar, y ahora se siente fuerte y con todo por ganar. Es que la actual derecha neoliberal no cree en el pacto, en el acuerdo. Es más, han aceptado dialécticamente el conflicto como necesidad para avanzar, y rechazan cualquier tipo de consenso, ya sea para una solución negociada del terrorismo, ya sea para fijar un marco laboral entre los agentes económicos y sociales.

Y como además de querer, hay que poder, el PSOE no está en condiciones de alcanzar un acuerdo global con el PP en estos momentos, tal y como ocurrió en los setenta. En mi opinión, el debate profundo y emocional del XXXVIII Congreso Federal fue optar entre la salvación del Partido del riesgo de fragmentación y desfonde electoral, que representaba Alfredo Pérez Rubalcaba, o saltar al precipicio con un liderazgo diferente que reconectara con un electorado en retirada.

Por eso, el XXXVIII Congreso consiguió su objetivo de cerrar filas, de conservar unido al Partido y evitar su desaparición, pero a costa de confirmar la pérdida de una parte importante de su electorado, que como se ven en estos días, ya no cree que el PSOE sea el partido de izquierda que en el mundo actual representa sus intereses.

Con la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba en el XXXVIII Congreso Federal, el PSOE renunció a la capacidad de liderazgo para poder firmar ahora un acuerdo con el PP, que sólo conseguiría defraudar aún más a una parte significativa del 30% de votantes que aún le queda.

Para que el pacto político que demandan Marañón y Toharia fuese factible políticamente, sería necesario que, por una parte, el PP creara las condiciones de confianza con un acto de fe como sería la firma de un acuerdo en materia laboral con UGT, CCOO y CEOE que desmontara su reforma; y por otro lado, que el Comité Federal del PSOE designara ya un candidato, o candidata, a la presidencia del gobierno de la Nación diferente de su secretario general, y que con un proyecto nuevo y empático, al estilo de Hollande, el nuevo líder de los socialistas negociara de tú a tú con el PP.

Si en las actuales circunstancias el PSOE llega a un acuerdo global con el PP, o alcanza un gobierno de concentración nacional, no sé si salvaría al Estado, pero desde luego condenaría al PSOE de por vida.