Del Consenso Democrático a la “Democracia” de la Imposición. Respuesta a Federico Ysart.

En la sección “La Tercera” de la edición de ABC de ayer martes 29 de mayo de 2012, Federico Ysart publicó un interesante artículo titulado “Entre el consenso y el poder de la mayoría” en el que a contracorriente orillaba la cuestión del pacto y proponía directamente el uso de la mayoría parlamentaria para llevar a cabo las “reformas” que necesita España.

Esta tesis contrasta con un estado de opinión que el propio articulista reconoce (“El consenso goza hoy de buena prensa” escribe) pero que cuestiona (“No estamos ante una confrontación ideológica que resolver acercando posiciones ni nos persigue el fantasma de una guerra civil”), y que estaría en la antítesis de lo expresado, por ejemplo, por Gregorio Marañón y José Juan Toharia en el artículo publicado por EL PAIS con el título “De la angustia cívica al pacto político”, del cual expresé mi opinión en el post de este blog, titulado “De Pactos y Lideragos. Respuesta a Marañón y Toharia desde la base socialista”.

En mi respuesta a Marañón y Toharia, escribía que “la actual derecha neoliberal no cree en el pacto, en el acuerdo”, afirmación que se verifica en las palabras de Ysart “La falta de un sistema representativo consolidado hizo inevitable el recurso al consenso, encelar a los representantes de la flamante soberanía popular en la construcción de un futuro sobre bases lo más anchas posibles. […] Pero a diferencia de lo ocurrido hace treinta y cinco años, el país cuenta ahora con un sistema establecido en el que los ciudadanos han dado plenos poderes a un partido para que se haga cargo de la situación.”

En un reduccionismo realmente peligroso, la neoderecha se empeña en calificar de “reformas” lo que en puridad significa la demolición del pacto constitucional de 1978 en materias tan importantes como trabajo y estructura política. Para Federico Ysart, y que creo puede representar dignamente a todo el espectro neoliberal y radical de la ultraderecha española, no es posible ni deseable un pacto porque ya se ha fijado  una hoja de ruta que no admite modificación alguna.

Por ello, la necesidad imperiosa de, por una parte, restar carácter ideológico a sus “reformas” presentándola como cambios necesarios para mejorar la competitividad de la Nación y, por otra, culpabilizar al  adversario  de estar ideologizados en extremo. O como dice Ysart “El riesgo está en la reacción de quienes hacen de la reivindicación identitaria su ser político, aunque finalmente acaten las leyes por imperativo legal”. Estrategia, por otra parte, ensayada por el neoliberalismo español en relación a la Memoria Histórica y su acusación de “guerracivilista” una política que a nivel mundial se conoce como de políticas de verdad y reconciliación.

Para la neoderecha española, la victoria del 20 de noviembre de 2011 es lo que al franquismo el 1 de abril de 1939, y las palabras del felón Mola (ni rendimientos, ni abrazos de Vergara, ni pactos, ni nada que no sea la victoria aplastante y definitiva) pueden describir perfectamente su posición ante un pacto de consenso: no aceptarán nada que no pase por sus “reformas”, es decir, la derogación total del Estatuto de los Trabajadores y su sustitución por el Código Civil, la externalización por privatización de todos los servicios públicos y la reforma de la organización territorial del estado con una fuerte recentralización y eliminación de autonomías y diputaciones, y fusión de municipios.

Por ello, Federico Ysart es consciente de lo indeseable del consenso, y propone un pacto directamente con la sociedad, una especie de nuevo “contrato social” al margen de los representantes políticos: “Quizá el único consenso hoy factible sea el que el Gobierno alcance a establecer con la sociedad, convenciéndola de que sabe cómo salir de esta y de que no vacilará en poner los medios necesarios.”

Esta actitud, que podemos calificar de fascista, no en sentido peyorativo sino ideológico, explica actitudes como la de Mariano Rajoy, presidente del gobierno de la Nación, que, tras meses de silencio, utilizó la sede de su partido para dirigirse a la Nación.

Silencio. Se acabó la función de la democracia. España, su España, ha vuelto.

La crueldad del obispo católico

La indignación intelectual que provocan las palabras de Juan Antonio Reig Pla, obispo católico de Alcalá de Henares, puede hacernos obviar algo mucho más grave: su extrema crueldad.

En su campaña contra la contemporaneidad, el catolicismo más reaccionario ha hecho un “totum revolutum” en la que mezclan sin sentido los avances por la igualdad de gays y lesbianas, las terapias de fecundación, el feminismo y la manipulación de embriones, que en los últimos días ha abanderado el ínclito Reig. Pero no debemos entrar en el juego del catolicismo radical. Y por ello hay que destacar lo inhumano, cruel y bárbaro de la posición de Juan Antonio Reig en torno a las terapias de reasignación sexual.

Las personas diagnosticadas de disforia de género, esto es, cuyo sexo “sentido” no coincide con su sexo biológico, no están enfermas en el sentido tradicional de la palabra. Pero su “diferencia” puede causar graves trastornos que sí generan enfermedades que producen un gran sufrimiento y generan un coste importante para los sistemas de salud.

La medicina, la ciencia, sólo ha sido capaz de dar respuesta al sufrimiento de las personas transexuales mediante las terapias que fomentan y favorecen que estas personas puedan vivir socialmente con el sexo sentido y no con el sexo biológico. Y dentro de ellas, no en todos los casos, también la reasignación sexual.

Por eso, el discurso de Reig Pla es tan cruel e inhumano, ya que por ideología niega, a unas personas que sufren, la única terapia que la ciencia médica puede ofrecer. Es tan cruel como la mutilación genital femenina que ciertos elementos del Islam defienden, o la negativa a las transfusiones de sangre que niegan los Testigos de Jehova.

Cualquier persona emocionalmente sana, empática, cualquier persona no radicalizada por su ideología totalitaria, se daría cuenta que negar un tratamiento estrictamente médico a una persona que lo necesita es de una inhumanidad terrible. Pero además, alguien que se presenta al mundo como abanderado de una religión compasiva basada en el amor, es una aberración emocional e intelectual absolutamente escandalosa.

El señor Reig Pla, no sólo es un radical católico ensoberbecido por su dogmatismo, no sólo es un loco peligroso que contagia su inmoralidad y crueldad a sus seguidores, sino que además es el responsable moral de causar un sufrimiento insoportable a decenas de miles de personas de nuestro país, así como facilitar argumentos que está sembrando de odio y violencia a decenas de miles de sus seguidores, los cuales pueden terminar cometiendo crímenes terribles.

Defiendo la Función Pública porque defiendo el Estado del Bienestar

Tras la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2014 aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía, quiero sintetizar en este post varias ideas que he ido dejando en otros de este mismo blog.

Primero, es lo indisoluble del binomio Estado de Bienestar/Función Pública. En un Estado podrá haber Función Pública, y de hecho es lo que ha ocurrido en España desde tiempo de los Reyes Católicos hasta la dictadura franquista, sin que exista Estado de Bienestar. Lo que nunca ha existido y mi convicción es que es imposible, un Estado de Bienestar sin Función Pública. Por ello, aquellos que piensen que destruyendo la Función Pública mejoraremos la eficiencia del Estado del Bienestar es, cuanto menos, un iluso.

Segundo, que los neoliberales han hecho de la destrucción del triángulo de acero (denominación acuñada por Milton Friedman) su objetivo. Por eso, tienen que destruir la Función Pública en su conjunto, lo que incluye desde el más bajo escalafón hasta la más alta burocracia.

Tercero, que una de las estrategias para su destrucción es romper el vínculo de solidaridad entre los y las trabajadoras de sector público en su globalidad, y las y los trabajadores del sector privado. Y dentro del sector público, enfrentando a funcionarios con laborales. Y dentro de los funcionarios, a los distintos cuerpos de la Administración. Así, el neoliberalismo, sus políticos y sus medios de comunicación, venden la idea del trabajador público, funcionario o no, como un privilegiado; a la vez que venden la idea del trabajador público no funcionario como un enchufado.

Cuarto, que es inaceptable que una tras otra, la solución de los ajustes pase por degradar las condiciones laborales del personal público, tanto salariales como de horarios: ningún ciudadano de este país podemos consentir que se produzca esta degradación.

Quinto, que los trabajadores de la Función Pública, funcionarios, interinos, laborales, etc. no deben caer en la trampa de buscar culpables entre ellos, ni sentirse acosados por el resto de la ciudadanía, sino buscar complicidades con unos y con otros.

Sexto, que toda la Función Pública, cualquiera que sea la Administración, el vínculo de su relación y su ubicación, tienen mis más sincero reconocimiento, apoyo y solidaridad.

Trabajando me defiendes. Defendiéndote me defiendo. Gracias.

De Pactos y Liderazgos. Respuesta a Marañón y Toharia desde la base socialista.

En la edición dominical de EL PAIS del 13 de mayo de 2012, Gregorio Marañón, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, publican un artículo de opinión titulado “De la angustia cívica al pacto político”, en el cual, tras dejar constancia de lo crítico de la situación actual, apelan al necesario pacto entre los líderes del PP y el PSOE, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, bajo la admonición que de no hacerlo “es muy posible que tengamos que asistir al desmoronamiento de la España de libertad, bienestar económico, convivencia entre sus distintos territorios y prestigio internacional que con tanto esfuerzo hemos edificado a lo largo del último medio siglo”.

Los argumentos que, a modo de urdimbre, sostienen la imperativa demanda de consenso entre PSOE y PP recogidos en el artículo, se van observando aquí y allá en los últimos días, generalmente provenientes de las élites políticas e intelectuales que protagonizaron la Transición, entendida ésta, en línea con lo propuesto por José Luis Abellán, el periodo que va desde 1956 hasta la aprobación de la Constitución Española, en 1978.

Curiosamente, en círculos del socialismo español previos a las elecciones del 20 de noviembre de 2011, ya se aventuraba que, de gobernar el PP, antes de dos años propondría un gobierno de unidad nacional. Y mi respuesta en aquellos días, en septiembre de 2011, fue que nuestro Partido, una vez más, ejercitaría su estúpido sentido de responsabilidad y aceptaría el envite.

Y entiéndaseme bien: por estúpido no señalo que tal acto de responsabilidad fuese indeseable o evitable, sino que de nuevo el vértigo de la historia impondría la opción más negativa para el socialismo español y los y las trabajadoras de nuestro país. Ese mismo vértigo que llevó el fatídico 12 de mayo de 2010 a José Luis Rodríguez Zapatero a no disolver las Cortes Generales y a aplicar un programa impuesto que rompía con el vínculo emocional entre la dirigencia del proyecto socialista y sus bases y electorado.

Educado en las virtudes del consenso, aquel “pecado consensual” sobre el que escribió Márquez Reviriego, y aleccionado por las postreras palabras de Manuel Azaña (paz, piedad, perdón), siempre he defendido la apuesta por el acuerdo en detrimento de opciones aparentemente más radicales que en realidad nos llevan directamente al pasado.

Pero para fabricar el consenso es necesario querer y poder. ¿Se dan las condiciones actualmente para un consenso equilibrado entre el PP, en representación de la derecha sociológica, y el PSOE, en representación de una parte de la izquierda sociológica? En mi opinión, rotundamente no.

Los protagonistas de la Transición que plantean la necesidad del pacto, del acuerdo, no parece comprender, en mi opinión, que la derecha española amamantada por José María Aznar, a través de su FAES, en nada se parece a aquella del tardofranquismo que protagonizó la reforma al franquismo. Y no solamente porque entonces la derecha española se sentía débil y asediada, con mucho que perder y poco que ganar, y ahora se siente fuerte y con todo por ganar. Es que la actual derecha neoliberal no cree en el pacto, en el acuerdo. Es más, han aceptado dialécticamente el conflicto como necesidad para avanzar, y rechazan cualquier tipo de consenso, ya sea para una solución negociada del terrorismo, ya sea para fijar un marco laboral entre los agentes económicos y sociales.

Y como además de querer, hay que poder, el PSOE no está en condiciones de alcanzar un acuerdo global con el PP en estos momentos, tal y como ocurrió en los setenta. En mi opinión, el debate profundo y emocional del XXXVIII Congreso Federal fue optar entre la salvación del Partido del riesgo de fragmentación y desfonde electoral, que representaba Alfredo Pérez Rubalcaba, o saltar al precipicio con un liderazgo diferente que reconectara con un electorado en retirada.

Por eso, el XXXVIII Congreso consiguió su objetivo de cerrar filas, de conservar unido al Partido y evitar su desaparición, pero a costa de confirmar la pérdida de una parte importante de su electorado, que como se ven en estos días, ya no cree que el PSOE sea el partido de izquierda que en el mundo actual representa sus intereses.

Con la elección de Alfredo Pérez Rubalcaba en el XXXVIII Congreso Federal, el PSOE renunció a la capacidad de liderazgo para poder firmar ahora un acuerdo con el PP, que sólo conseguiría defraudar aún más a una parte significativa del 30% de votantes que aún le queda.

Para que el pacto político que demandan Marañón y Toharia fuese factible políticamente, sería necesario que, por una parte, el PP creara las condiciones de confianza con un acto de fe como sería la firma de un acuerdo en materia laboral con UGT, CCOO y CEOE que desmontara su reforma; y por otro lado, que el Comité Federal del PSOE designara ya un candidato, o candidata, a la presidencia del gobierno de la Nación diferente de su secretario general, y que con un proyecto nuevo y empático, al estilo de Hollande, el nuevo líder de los socialistas negociara de tú a tú con el PP.

Si en las actuales circunstancias el PSOE llega a un acuerdo global con el PP, o alcanza un gobierno de concentración nacional, no sé si salvaría al Estado, pero desde luego condenaría al PSOE de por vida.

Cuando son tres los pies que hay que buscar a Sevilla

Serenada la polémica surgida por los twitters del escritor Arturo Pérez-Reverte, aunque sea por la llegada de torrentes de nuevas noticias más excitantes, y pensando que ello sin duda permite un debate más sosegado, quiero aportar mi análisis sobre el fondo de la cuestión, y que no es otro que el de Sevilla, o mejor dicho, de la imagen que de Sevilla se tiene en el resto de Estado.

Para los antecedentes de la polémica, me remito al interesante artículo de opinión de Luis Manuel Ruiz en El País titulado “Sevilla tiene dos partes”, y que puedes leer aquí. En él, Ruiz comparte la opinión del escritor Pérez-Reverte, aunque con una discreta censura [“No hay por qué llegar a los extremismos (bastante ramplones, por otra parte) de Pérez-Reverte” escribe Ruiz].

Ya en otro post de este blog, titulado “El “mierda” de Arturo Pérez Reverte”, mostré mi opinión sobre lo innecesario y contraproducente de los exabruptos del laureado escritor murciano, que no añaden lustre y en cambio muchas veces impiden centrarse en lo más importante de sus ideas. Opinión que para mi sorpresa, y dado que mostraba mi cariño hacia su obra literaria, no dejó de originar algún que otro indignado comentario anónimo.

El texto del twitter originario de la polémica no merece en sí mayor atención. Pero sí quiero rescatar la polémica del olvido (si de olvidada puede calificarse cuando no han pasado ni siete días de su cuelgue en el ciberespacio), para analizar un hecho que me produce una gran irritación, y es la imagen que de Sevilla se tiene el resto de España.

George Borrow, en su interesante obra “La Biblia en España” (bestseller en la Inglaterra de su época pero que tuvo que esperar casi cien años para publicarse en España traducido por el nunca suficientemente llorado Manuel Azaña), describió a la aristocracia andaluza de la forma siguiente: “Son probablemente, en términos generales, los seres más necios y vanos de la especie humana, sin otros gustos que los goces sensuales, la ostentación en el vestir y las conversaciones obscenas. Su insolencia sólo tiene igual en su bajeza, y su prodigalidad, en su avaricia”.

En el caso de Sevilla, la aristocracia y la alta burguesía castellana adoptó a estos sevillanos desde su racismo mesetario, como sus “bufones”, vestidos de faralaes y mantillas, borrachos de finos y manzanillas, llorosos de macarenas y saetas. Y nuestra aristocracia y burguesía, en la necedad y vanidad de la que nos hablaba Borrow, asumió encantada esa imagen y la proyectó a su alrededor y fue interiorizada por muchos en la ciudad, hasta el punto que esa es hoy la que, llena de ramplón folclorismo, podemos ver hoy en el papel “couché” o en programas televisivos del corazón.

Para contrarrestarlo, sus opositores buscan una imagen igual de irreal e igualmente romántica: una sociedad marginal y marginada, fuera del orden social. Luis Manuel Ruiz, en línea con los segundos, lo ejemplariza muy bien en su artículo: “por fin alguien se había atrevido a enmarcar la Sevilla de veras y no la del Ateneo: nada de claveles, sacristía y corbatas, sino yonquis, putas y policías corruptos”.

No, no y no. Pérez-Reverte y Ruiz comente el mismo error, aunque en sentido contrario, que los “colaboradores” de la prensa del corazón. Ni Sevilla es la de Semana Santa y Feria, la de las señoras que aplauden a Zoido en el Corpus o gritan ¡guapa, guapa, guapa! a la Infanta Elena, ni la de la marginación, las putas, los yonquis y policías corruptos.

La Sevilla que yo conozco (en Parque Alcosa, en Bellavista, en San Jerónimo, en Macarena, en Santa Justa, en Sevilla Este) es tan diversa y a la vez tan normal y socialmente sana como la que puede existir en la mayoría de las ciudades españolas. En esos barrios existen aspirantes a “Se llama copla”, es cierto; pero también topógrafos que han tenido que hacerse miles de quilómetros para titularse en Jaén o licenciados en administración de empresas que trabajan para la tecnológica ABENGOA en algunos de sus proyectos más remotos. En esos barrios claro que existen yonquis; pero también profesoras de francés, becarias con dos titulaciones y abuelos que intentan sobrevivir dignamente con una magra pensión. En esa Sevilla que conozco lo suficiente, si suficientemente se puede conocer cualquier tierra incluso la propia, veo a “sevillanitos” de pelo engominado, cinturón trenzado, bandera de España en el reloj, y mocasines; pero también chicos y chicas con la máxima formación, unas veces en un desesperante desempleo, otras trabajando codo a codo en proyectos internacionales e iniciativas que son referentes en toda la Nación, o como directores de recepción en hoteles de París.

Posiblemente, la Sevilla de la que habla Luis Manuel Ruiz, y que en mi opinión representa la idealización de la ciudad por parte de los carpetovetónicos irredentos por un lado y de los neorománticos melancólicos por el otro, en el fondo es la misma Sevilla. Esa Sevilla que se sintetiza en el escándalo del Duque de Feria, y que El País describía así: “El tribunal aplica al aristócrata una eximente incompleta de alteración psíquica causada porque era "consumidor de cocaína y de bebidas alcohólicas en exceso". Este proceso surgió tras la publicación en la revista Interviú, el 13 de mayo de 1993, de unas fotografías en las que aparecía el duque de Feria con dos niñas menores de 12 años. En un caso, Rafael Medina fue fotografiado con una niña que no ha sido identificada y a la que "tocó el sexo a la vez que acercaba la cabeza para besarla". La segunda menor con la que el duque de Feria fue fotografiado es la hija de la otra condenada, con la que contactó a través de los teléfonos de servicios sexuales de los periódicos.”

Como decía Luis Manuel Ruiz, claveles, sacristía y corbatas, pero no contra sino junto a yonquis y putas. Y si no se pilló a ningún policía corrupto es porque seguramente no se buscó lo suficiente.

El acierto de incluir Igualdad en Presidencia

Unas de las “anécdotas” de la configuración del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, elaborada por el electo presidente, José Antonio Griñán, ha sido la inclusión de los Institutos Andaluces de Mujer (IAM) y Juventud (IAJ) en la Consejería de Presidencia, para lo cual al nombre de la misma se le ha añadido el término “Igualdad”.

Para algunos esta decisión ha podido sorprenderles por novedosa. Pero lo cierto es que de novedoso sólo presenta el nombre, ya que en el pasado, cuando el titular de la Consejería de Presidencia era Gaspar Zarrías, ya gestionaba ambos Institutos.

¿Por qué es un acierto tal inclusión? Por las mismas razones que defendí como presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía durante el trámite parlamentario de la Ley de Acompañamiento de los Presupuesto de la Junta de Andalucía de 1997, cuando tras montar un rifirrafe en la audiencia de su tramitación, conseguimos que el Grupo Parlamentario Socialista presentara una enmienda a dicha ley, que creaba el IAJ.

Las políticas de mujer y juventud de una Administración como la Junta de Andalucía deben tener un carácter transversal. Es decir, la perspectiva de edad y género deben incluirse y valorarse en todas y cada una de las acciones políticas y administrativas del conjunto del gobierno andaluz. Por ello, ¿qué mejor que residirlas en la consejería más política que coordina toda la acción de gobierno?

Mi experiencia personal me demostró que los mejores años de políticas de juventud de Andalucía fueron en los primeros años de autogobierno, y tras su inclusión en Presidencia, a finales de la década de 1990. Su traspaso posterior a Igualdad supuso sin duda una menor capacidad de influencia, no por ser más o menos capaces sus titulares, sino por su concepción sectorial y no transversal.

Por ello, el regreso de nuevo a Presidencia, no sólo supone un firme compromiso del presidente de la Junta de Andalucía por las mujeres y la juventud, sino también una mayor posibilidad de “empapar” sus políticas de las perspectivas de género y edad.

Porqué las políticas del PP son radicales

El PP no tiene un Programa Electoral oculto, simplemente no existe.

La debacle económica de la primera década del siglo XXI ha tenido entre otros efectos el producir tal nivel de interferencias emocionales en los discursos políticos que hechos fundamentales han pasado desapercibido al conjunto de la sociedad y a gran parte de su dirigencia política, social, intelectual y económica.

En España, la dinámica errática provocada a partir de mayo de 2009 por el gobierno de Rodríguez Zapatero provocó tal confusión que hábilmente aprovechada en línea con la teoría del shock permitió que en el momento de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el PP pudiera presentarse sin un programa electoral y tan sólo necesitara de simples declaraciones generales articulada sobre el ambiguo término de reformas, que le permitían prometer una cosa y la contraria.

Con gran estupor, medios de comunicación, analistas políticos, intelectuales universitarios, pero sobre todo la ciudadanía, contemplan ahora como el PP ha emprendido un programa radical de reformas que aprovechando una mayoría absoluta amplísima le permite soslayar todos los controles democráticos.

El PP ejecuta el programa de máximos neoliberal.

Es cierto que el Partido Popular se presentó a las elecciones generales de 2011 sin un programa electoral propio, tal y como lo hemos entendido hasta el momento en España. Es decir, un conjunto de propuestas fruto del debate de las distintas sensibilidades existentes en su seno y con un consenso más o menos asumido por todas las partes.

Pero no es menos cierto que el PP tiene un conjunto de medidas que han puesto en marcha de forma inmediata una vez tomado posesión del gobierno de la Nación. Ese conjunto de acciones, justificadas como reformas, es el proyecto de máximos neoliberal, elaborado exclusivamente por economistas.

Hasta la fecha, ese proyecto de máximos sólo se había aplicado en toda su extensión en Chile tras el golpe de estado militar protagonizado por el general Pinochet. Es decir, la única vez que el programa de máximos se ha aplicado en toda su extensión fue en un contexto dictatorial, ya que Ronald Reagan y Margaret Thatcher solo pudieron ejecutarlo parcialmente y con gran dificultad.

Las condiciones políticas de España son perfectas para su aplicación: una sociedad en estado de shock y una amplísima mayoría política en las Cortes Generales, que le permite configurar a su gusto la mayoría de los órganos de control del Estado como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre otros, la práctica totalidad de Comunidades Autónomas y casi el 100% de las grandes ciudades de la Nación.

El mayor problema del proyecto de máximos neoliberal es que su concepción exclusivamente economicista choca contra la realidad social y científica, como ya estamos viendo con las medidas radicales impuestas en materia de empleo, sanidad, educación, lo que lo convierte en un modelo ineficiente, inestable e insostenible, condiciones que convierten todos los proyectos políticos en inviables.

El proyecto de máximos neoliberal es incompatible con la democracia: Proyecto totalitario.

En esencia, el proyecto de máximos neoliberal es incompatible con la democracia, ya que se trata de un proyecto totalitario que pretende conformar un modelo de sociedad sin debate que por otra parte sabe perdido. Su ideólogo principal, el economista norteamericano Milton Friedman, sabía de lo impopular de sus propuestas por lo que recomendaba su aplicación total e inmediata, mientras duraba el estado de shock de la sociedad porque luego sería demasiado tarde.

El programa de máximos neoliberal persigue una sociedad desestatalizada, donde los mecanismos institucionales de control son sustituidos por órganos económicos no sujetos a control político. Una sociedad donde los agentes privados económicos gestionen sin ningún tipo de regulación democrática el conjunto de intereses sociales.

Hasta tal punto es totalitario el proyecto de máximos neoliberal, que busca la eliminación de lo que Milton Friedman denominaba “triángulo de acero”, lo que en términos constitucionales españoles se traduce en el Estado Democrático y Social de Derecho.

Como no puede eliminarse la democracia formal se opta por vaciarla de contenido.

Al ser conscientes que en un entorno democrático dichas políticas serán difícilmente aplicables, pero asumiendo la imposibilidad de plantear golpes de estado tipo chileno en países del primer mundo, el neoliberalismo optó por vaciar de poder real las instancias de extracción democrática mediante la delegación de sus poderes en organismos de regulación independientes de los órganos de extracción democrática, parlamentos y gobiernos.

Así, bajo el argumento de sustraer de la confrontación partidaria determinadas políticas, se promovieron órganos profesionalizados en el ámbito financiero y de mercados regulados, que rápidamente fueron confiados a expertos neoliberales, los cuales crearon las condiciones adecuadas para dar los siguientes pasos. Uno fundamental fue la de otorgar independencia a los bancos centrales, hasta el punto que habría que preguntarse si el proyecto Euro no era en sí mismo la piedra angular del actual tsunami neoliberal.

El neoliberalismo ha asumido y adaptado la dialéctica marxista: el conflicto, desde la realidad histórica a la virtud económica.

La transformación radical del PP desde un posicionamiento ideológico tardofranquista hasta su integración plena en la corriente mundial del neoliberalismo se consumó durante el segundo mandato de Aznar. Por ello, comparadas con las actuales políticas del PP, las de 1996-2004 parece casi moderadas.

Este cambio, que quedó ahogado por las bombas del 11M, impidió su visualización a nivel de gobierno pero no a nivel de propuestas, y que fueron recogidas una a una en los documentos de FAES, el think tank utilizado por el movimiento neoliberal para extender sus postulados por los países hispanoparlante.

Uno de los principios más llamativos del neoliberalismo ha sido la asunción de postulados marxistas hasta el punto de hacer suya la dialéctica marxista. Es decir, el neoliberalismo ha asumido la realidad no desde una óptica estática de corte religioso, étnico o cultural, sino sometida al devenir y la historia y donde el estado natural es el conflicto entre clases antagónicas de poseedores y desposeídos.

En principio, el neoliberalismo, de corte darwiniano, asume que para el fortalecimiento social es necesario mantener el conflicto, por lo que rechaza cualquier política de apaciguamiento, ya sea social (Estado de Bienestar) o político.

A partir de esta premisa, el neoliberalismo, al contrario del liberalismo histórico, no pretende crear mediante la ley un marco estable de libertad donde el individuo actúe desde la certeza y la seguridad jurídica, sino eliminar el marco de consenso social que imposibilite la reconstrucción del Estado del Bienestar, que restringe la libertad de movimiento de las fuerzas económicas, y a la postre sume a las sociedades en una apatía autodestructiva.

Podemos ejemplificar esta política entre un “ellos”, la sociedad trabajadora democrática, y un “nosotros”, los poseedores del capital, cuyo conflicto es inevitable, y por lo que hay que asegurarse que en el momento de la lucha las fuerzas estén debidamente desequilibradas.

El ajuste como excusa, y la reforma como estrategia.

Las circunstancias han permitido que el brazo ejecutor del neoliberalismo en España, disponga de las condiciones óptimas para la implementación de la estrategia del neoliberalismo y la aplicación real del programa de máximos.

Para ello cuentan con la inestimable, pero laboriosamente construida, complicidad del Banco Central Europeo que ajeno al control democrático puede mantener un discurso de ajuste que avalan las medidas del gobierno del señor Rajoy.

El “mantra” para vestir ese ajuste son las reformas estructurales, es decir, el cambio radical del Estado y sus instituciones, vaciándolas de poder real mediante la privatización de sus servicios, la delegación del control en organismos privados y autónomos respecto al poder político democrático, a la vez que se impide el consenso como resolución del conflicto y se endure las leyes penales que permitan el control del inevitable descontento social.