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jueves, 17 de mayo de 2012

Defiendo la Función Pública porque defiendo el Estado del Bienestar

Tras la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2014 aprobado por el gobierno de la Junta de Andalucía, quiero sintetizar en este post varias ideas que he ido dejando en otros de este mismo blog.

Primero, es lo indisoluble del binomio Estado de Bienestar/Función Pública. En un Estado podrá haber Función Pública, y de hecho es lo que ha ocurrido en España desde tiempo de los Reyes Católicos hasta la dictadura franquista, sin que exista Estado de Bienestar. Lo que nunca ha existido y mi convicción es que es imposible, un Estado de Bienestar sin Función Pública. Por ello, aquellos que piensen que destruyendo la Función Pública mejoraremos la eficiencia del Estado del Bienestar es, cuanto menos, un iluso.

Segundo, que los neoliberales han hecho de la destrucción del triángulo de acero (denominación acuñada por Milton Friedman) su objetivo. Por eso, tienen que destruir la Función Pública en su conjunto, lo que incluye desde el más bajo escalafón hasta la más alta burocracia.

Tercero, que una de las estrategias para su destrucción es romper el vínculo de solidaridad entre los y las trabajadoras de sector público en su globalidad, y las y los trabajadores del sector privado. Y dentro del sector público, enfrentando a funcionarios con laborales. Y dentro de los funcionarios, a los distintos cuerpos de la Administración. Así, el neoliberalismo, sus políticos y sus medios de comunicación, venden la idea del trabajador público, funcionario o no, como un privilegiado; a la vez que venden la idea del trabajador público no funcionario como un enchufado.

Cuarto, que es inaceptable que una tras otra, la solución de los ajustes pase por degradar las condiciones laborales del personal público, tanto salariales como de horarios: ningún ciudadano de este país podemos consentir que se produzca esta degradación.

Quinto, que los trabajadores de la Función Pública, funcionarios, interinos, laborales, etc. no deben caer en la trampa de buscar culpables entre ellos, ni sentirse acosados por el resto de la ciudadanía, sino buscar complicidades con unos y con otros.

Sexto, que toda la Función Pública, cualquiera que sea la Administración, el vínculo de su relación y su ubicación, tienen mis más sincero reconocimiento, apoyo y solidaridad.

Trabajando me defiendes. Defendiéndote me defiendo. Gracias.

sábado, 18 de febrero de 2012

El totalitarismo de la "chusma" friedmana o neoliberal

DIARIO DE SEVILLA ha publicado hoy un artículo de Rafael Salgueiro, profesor titular de la Universidad de Sevilla, que pretende ser un alegato en defensa de la contrarreforma laboral puesta en marcha por el PP pero que nos pueden ayudar a comprender el verdadero peligro que acecha tras las frías letras de molde del BOE que nos traslada la reforma legal de Rajoy. Salgueiro es una de esas mentes grises que asesoran a Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía, en su eterna marcha hacia el Palacio de San Telmo. Y por lo que escribe en el artículo (que puedes leer completo cliqueando aquí) también es un apóstol de la Escuela de Chicago, como esos que Milton Friedman se dedicó a sembrar por el mundo, comenzando los que desde la Universidad Católica de Chile ayudaron ideológicamente a la dictadura de Pinochet.

De su artículo "Reformas 'aggressives' a la inglesa", destaco especialmente el siguiente párrafo: "Las medidas difíciles son justamente las contrarias, cuando los perjudicados son nítidos y su perjuicio es real mientras que los beneficiarios son difusos y su beneficio es sólo potencial. Esta circunstancia fue muy bien examinada por Milton y Rose Friedman en su libro La tiranía del statu quo, en el que postulan la existencia de un "Triángulo de Acero" formado por las burocracias estatales asentadas en el sistema, los políticos capaces de casi todo a cambio de los votos y los beneficiarios directos de ciertas "políticas sociales", incluyendo en este vértice tanto a los sindicatos y lobbies empresariales como a las personas favorecidas por un exceso de protección. Verán como tendremos ocasión de contrastar esta tesis a lo largo de los próximos meses."

La diferencia entre un Estado del primer mundo de un Estado fallido, como Somalia, es, precisamente, su burocracia estatal, que articula y sustenta todos los derechos y libertades de los y las ciudadanas y sus instituciones. Por ello, el alegato friedmano en contra de la burocracia estatal, que se opone a cambios que atentan contra el propio Estado, lo que esconde es un alegato totalitarista. Friedman, y la chusma que lo sigue, tiene por lo tanto como objetivo la eliminación del Estado tal y como lo conocemos en Occidente, que se ha ido construyendo desde comienzos de la Edad Moderna, y en España desde los Reyes Católicos. Para los neoliberales de la Escuela de Chicago, el enemigo ya no es el comunismo, ni el marxismo ni AlQaeda, sino el andamiaje estatal que da sentido al Estado moderno.

Otro de los objetivos a destruir para Friedman, tal y como recoge Salgueiro en su artículo, son "los políticos capaces de casi todo a cambio de los votos". Es decir, el Estado democrático. En una democracia, el político es elegido a cambio de gobernar para sus votantes, anteponiendo los intereses de su electorado a los suyos propios. Para Friedman, como para Salguerio por lo que se ve, y podemos deducir que también para su pupilo Javier Arenas, el político debe anteponer los prejuicios ideológicos del Estado friedmano a los intereses de sus electores, imponiendolos incluso violentamente cuando se opongan frontalmente a ello. Para el Estado friedmano no sólo la burocracia estatal debe desaparecer, para que no sea un obstáculo para el cumplimiento de su programa ideológico, sino que además los políticos no deben responder a sus electores sino a los intereses de un programa ideológico que no han votado. Por eso Chile fue un magnífico ensayo para Friedman, al eliminar la variable democrática que obstaculizaba su proyecto ideológico. Y Grecia, Italia y Portugal su continuación.

Por último, Salgueiro recuerda que Friedman incluía en este vértice "a los sindicatos y lobbies empresariales". Es decir, lo que en nuestra Constitución de 1978 se define como Estado Social. Por lo tanto, los friedmanos como Salgueiro y por extensión Javier Arenas, consideran que la destrucción de las organizaciones empresariales y sindicales son la vía necesaria para conseguir imponer su proyecto ideológico. La inclusión de los Agentes Económicos y Sociales en la urdimbre constitucional, que pretendía superar los antagonismos de clases que tanta tragedia había traído a España, era precisamente la clave de la Transición española, la clave del arco que sustentaba el Pacto Constitucional de 1978. Y por lo tanto, su ruptura supone la ruptura del Pacto Constitucional que no sólo aseguran el derecho a huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, sino también la herencia, el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa: todo iba en el mismo paquete.

Resumiendo: ante la imposibilidad de imponer un programa ideológico contrario a los intereses sociales y económicos del Estado, sus ciudadanos y sus representantes políticos y sociales, lo que defienden Friedman es destruir ese triángulo de acero, es decir, los mecanismos que precisamente se ha dotado el Estado Democrático, Social y de Derecho para su defensa. Por ello, la receta ideológica friedmana es, en puridad, un golpe de Estado totalitario. Y por eso mismo, al romper el pacto uno de sus firmantes (lo que antiguamente se llamaba la burguesía, el capital, y ahora los mercados y su ejecutores políticos, el Partido Popular), deben aceptar que el resto de firmantes también lo den por finiquitado.

Con la estrategia diseñada por Friedman en los años cincuenta desde la Universidad de Chicago, ¿alguien en su sano juicio piensa que los prejuicios contra políticos, empresarios, sindicalistas y funcionarios es casual? En absoluto, es una estrategia perfectamente diseñada y ejecutada, para lo cual cuentan con inestimables colaboradores entre esa izquierda apolítica que cree descubrir América al repetir los argumentos de los que se sirven la chusma friedmana para destruir el Estado que le estorba. Vía email y facebook, naturalmente.

lunes, 4 de octubre de 2010

Funcionarios

Este post va de la función pública. Si esperas, querida lectora o lector, que en él se viertan diatribas contra los funcionarios y la función pública, mejor que dejes de leer. Y vaya por delante que no soy funcionario público ni nunca he tenido intención de serlo. Trabajar en una administración pública no es algo que me haya motivado nunca, y de hecho las únicas oposiciones a las que me presenté, más por presiones familiares que por convencimiento propio, se resolvieron con un pavoroso fracaso.
Pero siempre he sentido un especial cariño por el trabajador público. En un esquema ideológico, toda vez que el aparato del Estado se democratizó, dejando de ser el instrumento de los poderosos para mantener sus intereses, los funcionarios públicos se convirtieron en la mejor salvaguardia de los intereses de aquellos que antiguamente se conocía como clase obrera, y hoy en día como clase media.
Que los servidores públicos sean el primer dique de contención del Estado democrático les ha convertido en el objetivo preferente de los totalitarios NeoConservadores radicales, que han eliminado a la persona de su esquema y sustituido por el mercado. Y por eso los ataques permanentes y muchas veces sutiles que se han utilizado en su contra.
Primero se empezó por una parte de los servidores públicos, los políticos, como una forma de socavar los cimientos de un poderoso edificio: el Estado democrático. Cuando se convencieron que en la opinión de la ciudadanía los políticos estaban suficientemente desprestigiados, continuaron por los profesionales de la cosa pública: los funcionarios, a los que tachan de vagos, insolidarios, burócratas, etc.
Sería estúpido por mi parte, no obstante, negar que la mala fama del conjunto de la función pública tiene su origen en muchas equivocaciones, particulares y colectivas, de los propios funcionarios, sus organizaciones sindicales y los políticos que lo gestionan. Pero también es igualmente cierto que a pesar de todo ello, en España tenemos una clase funcionarial muy profesional, diligente, responsable y eficaz.
Para los que siempre estuvimos excluidos de la clase dirigente del Estado burgués, el aparato del Estado democrático, la Administración, es la base de la defensa de nuestros intereses.
Una función pública adecuadamente dotada económicamente, prestigiada y de calidad es fundamental si pretendemos que el Estado siga siendo democrático y no derive hacia un totalitarismo de mercado.
Para eso, sin duda, hay que hacer reformas, tanto en el acceso como en la gestión de los amplios recursos que manejan.
Mantener el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, tal y como establece nuestra Constitución, es fundamental. Pero no creo que el mecanismo de oposiciones hasta ahora mantenido sea el mejor. He podido comprobar en todos estos años que acceder a la función pública mediante oposiciones obliga a los opositores, en muchísimos casos, a dedicar los mejores años de su vida, cuando más pueden aportar profesionalmente, a prepararse amplísimos temarios, sacrificando su vida personal y familiar, con un costo económico altísimo para sus familias, posponiendo sine die la formación de una familia o la paternidad y la maternidad, sin tener nunca la seguridad que tanto esfuerzo llegue a buen puerto.
Cuando finalmente se accede a una plaza, tras lustros o incluso décadas de estudios, se encuentran con un panorama laboral muchas veces rutinario, de promoción decimonónica, que lleva a muchos y a muchas, equivocadamente sin duda, a pensar que el esfuerzo que debían hacer en su vida laboral ya está hecho y sólo les queda aguantar hasta la jubilación.
La función pública que conocemos, la de oposiciones, puestos de trabajo para toda la vida, etc. nació como solución al problema de los cesantes del siglo XIX, que tan bien describió en “Miau” nuestro admirado Benito Pérez Galdós. Pero pasados casi cien años, se han producido y acumulado un sinnúmero de efectos perniciosos, casi tan graves como los que se intentó eliminar con su implantación.
Claro está que, en todo caso, se trata de un problema colectivo de nuestra sociedad, no un problema de los funcionarios. Tampoco se trata de buscar fórmulas para abaratar los costos de la administración, ni de sortear con fórmulas que rozan la legalidad la obligación de seleccionar a los trabajadores públicos en función de su mérito y capacidad.
También es cierto que no tengo la fórmula perfecta, aunque a veces pienso que una opción tipo MIR podría ser adecuada: un grado para luego acceder, por nota, a un curso de especialización, en el cual ya se cobraría, y si se supera éste con éxito, se incorporaran sin más a la administración.
Creo en la administración pública, creo en nuestros funcionarios no sólo porque mi experiencia vital me ha enseñado que se puede confiar en ellos, sino que además mi orientación ideológica me señala que la clase funcionarial es el soporte que garantiza la mayoría de nuestros derechos constitucionales.