Obra pública

Dentro de una tradición secular de España, la gran obra pública siempre ha llegado con retrasos y sobrecostos, en muchas ocasiones escandalosos.
La Exposición Iberoamericana de Sevilla del 29 es sin duda el ejemplo paradigmático de este retraso e incremento de costes. Prevista su inauguración para el 1 de abril de 1911, hubo que esperar casi veinte años para concluir la construcción de infraestructura y pabellones, multiplicando en este tiempo varias veces el presupuesto inicial.
Por lo tanto, los retrasos y los sobrecostos de la obra pública no es nuevo, ni identificable con un sistema político determinado (dictadura, dictablanda, república, monarquía parlamentaria, etc.) ni con un partido político en concreto (en la actualidad esto ha venido sucediendo tanto en administraciones del PSOE como del PP, IU, CIU, etc.)
Obras como la T4 del aeropuerto de Barajas, la M-40, la Ciudad de la Cultura de Galicia, la Ciudad de las Ciencias de Valencia, el Metro de Sevilla, las “Setas” de la Encarnación de Sevilla, etc. han visto incrementarse su presupuesto a la vez que sus obras se retrasaban en ocasiones casi un lustro sobre el plazo inicial de finalización. Dentro de las grandes infraestructuras, a bote pronto, solo recuerdo tres que terminaron en plazo como la Expo del 92 de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona 92, pero con sobrecostos importantes, y recientemente el nuevo túnel del AVE bajo Madrid, terminado antes del plazo previsto.
¿Cómo es posible tanto error? La mayoría de la población, siguiendo el proverbio patrio de “piensas mal y acertarás”, junto a incendiarios discursos, que muchas veces ocultan una clara tensión totalitaria, tienden a explicar dichos retrasos por la mala gestión política y en la corrupción de las administraciones promotoras.
Pero, ¿es posible que esto ocurra de forma tan generalizada? Desde un análisis histórico soy de los que piensan que no es posible. No sé si se trata de errores técnicos de planificación, de políticas empresariales que licitan a la baja para conseguir obras que luego saben podrán subir de costos, o a mala gestión de las administraciones que las promueven, sin descartar puntuales casos de corrupción política.
Pero de lo que sí estoy seguro es que o bien nuestro sistema democrático es capaz de ajustar el tiempo y costo la obra pública española, o va a suponer el principio del fin de la democracia del 78.
Hace falta, sin duda, una Comisión de Investigación independiente a nivel nacional para que con luz y taquígrafos analice y dictamine el porqué de estos desfases y propongan mecanismos para evitarlos.
Que cada oposición critique al gobierno de turno e intente con ello extender un manto de desconfianza sobre nuestro sistema democrático es, sin duda, la peor de las opciones.