lunes, 4 de octubre de 2010

Funcionarios

Este post va de la función pública. Si esperas, querida lectora o lector, que en él se viertan diatribas contra los funcionarios y la función pública, mejor que dejes de leer. Y vaya por delante que no soy funcionario público ni nunca he tenido intención de serlo. Trabajar en una administración pública no es algo que me haya motivado nunca, y de hecho las únicas oposiciones a las que me presenté, más por presiones familiares que por convencimiento propio, se resolvieron con un pavoroso fracaso.
Pero siempre he sentido un especial cariño por el trabajador público. En un esquema ideológico, toda vez que el aparato del Estado se democratizó, dejando de ser el instrumento de los poderosos para mantener sus intereses, los funcionarios públicos se convirtieron en la mejor salvaguardia de los intereses de aquellos que antiguamente se conocía como clase obrera, y hoy en día como clase media.
Que los servidores públicos sean el primer dique de contención del Estado democrático les ha convertido en el objetivo preferente de los totalitarios NeoConservadores radicales, que han eliminado a la persona de su esquema y sustituido por el mercado. Y por eso los ataques permanentes y muchas veces sutiles que se han utilizado en su contra.
Primero se empezó por una parte de los servidores públicos, los políticos, como una forma de socavar los cimientos de un poderoso edificio: el Estado democrático. Cuando se convencieron que en la opinión de la ciudadanía los políticos estaban suficientemente desprestigiados, continuaron por los profesionales de la cosa pública: los funcionarios, a los que tachan de vagos, insolidarios, burócratas, etc.
Sería estúpido por mi parte, no obstante, negar que la mala fama del conjunto de la función pública tiene su origen en muchas equivocaciones, particulares y colectivas, de los propios funcionarios, sus organizaciones sindicales y los políticos que lo gestionan. Pero también es igualmente cierto que a pesar de todo ello, en España tenemos una clase funcionarial muy profesional, diligente, responsable y eficaz.
Para los que siempre estuvimos excluidos de la clase dirigente del Estado burgués, el aparato del Estado democrático, la Administración, es la base de la defensa de nuestros intereses.
Una función pública adecuadamente dotada económicamente, prestigiada y de calidad es fundamental si pretendemos que el Estado siga siendo democrático y no derive hacia un totalitarismo de mercado.
Para eso, sin duda, hay que hacer reformas, tanto en el acceso como en la gestión de los amplios recursos que manejan.
Mantener el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, tal y como establece nuestra Constitución, es fundamental. Pero no creo que el mecanismo de oposiciones hasta ahora mantenido sea el mejor. He podido comprobar en todos estos años que acceder a la función pública mediante oposiciones obliga a los opositores, en muchísimos casos, a dedicar los mejores años de su vida, cuando más pueden aportar profesionalmente, a prepararse amplísimos temarios, sacrificando su vida personal y familiar, con un costo económico altísimo para sus familias, posponiendo sine die la formación de una familia o la paternidad y la maternidad, sin tener nunca la seguridad que tanto esfuerzo llegue a buen puerto.
Cuando finalmente se accede a una plaza, tras lustros o incluso décadas de estudios, se encuentran con un panorama laboral muchas veces rutinario, de promoción decimonónica, que lleva a muchos y a muchas, equivocadamente sin duda, a pensar que el esfuerzo que debían hacer en su vida laboral ya está hecho y sólo les queda aguantar hasta la jubilación.
La función pública que conocemos, la de oposiciones, puestos de trabajo para toda la vida, etc. nació como solución al problema de los cesantes del siglo XIX, que tan bien describió en “Miau” nuestro admirado Benito Pérez Galdós. Pero pasados casi cien años, se han producido y acumulado un sinnúmero de efectos perniciosos, casi tan graves como los que se intentó eliminar con su implantación.
Claro está que, en todo caso, se trata de un problema colectivo de nuestra sociedad, no un problema de los funcionarios. Tampoco se trata de buscar fórmulas para abaratar los costos de la administración, ni de sortear con fórmulas que rozan la legalidad la obligación de seleccionar a los trabajadores públicos en función de su mérito y capacidad.
También es cierto que no tengo la fórmula perfecta, aunque a veces pienso que una opción tipo MIR podría ser adecuada: un grado para luego acceder, por nota, a un curso de especialización, en el cual ya se cobraría, y si se supera éste con éxito, se incorporaran sin más a la administración.
Creo en la administración pública, creo en nuestros funcionarios no sólo porque mi experiencia vital me ha enseñado que se puede confiar en ellos, sino que además mi orientación ideológica me señala que la clase funcionarial es el soporte que garantiza la mayoría de nuestros derechos constitucionales.

1 comentario:

  1. Pablo, estupendo como siempre.
    Ahora bien, en el tema de las oposiciones hay mucho que decir; sobre todo cuando es concurso oposición. En este último caso, debería ser tan sólo para funcionarios ya que te matas estudiando y no tienes casi ningún punto para la baremación que exigen en la parte de concurso y ahí la plaza está dada de antemano al funcionario que juega con grana ventaja sobre los que se examinan por libre. Tampoco estoy de acuerdo, que en determinadas oposiciones los funcionarios que optan a presentarse se les quite una serie de temas, porque se supone que lo saben o lo dominan; si unas oposiciones tienen 30 temas, tienen que ser para todos y no sólo por el hecho de suponer que el funcionario tiene suficientes conocimientos se les exime de una parte del temario. Si los tiene que lo demuestre, en este caso también lo tiene más fácil pero es justo, ya que forma parte del elenco de conocimientos propios. TAmbién me gustaría decir, que hay oposiciones que las ponen tan fácil para que los interinos las aprueben y consigan las plazas definitivamente; esto no debería ser así, que estudien como hacen los demás y no por el hecho de que ya llevan una baremación muy alta que con que hagan muy poco están por delante de todos los que no lo son. En mi opinión personal, no se debería de mezclar oposición y concurso oposición. No sé cual es el sistema más justo, pero desde luego el que existe no lo es. Estoy de acuerdo contigo en que no es juto demonizar a los funcionarios, pero no les vendría nada mal ser solidarios que al parecer no conocen esa palabra. Mercedes.

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